Así se ha puesto de manifiesto en la primera reunión informativa de inicio de mandato dirigida a las estructuras de apoyo del movimiento CERMI que ha tenido como objetivo dar a conocer las principales líneas estratégicas de la plataforma de la discapacidad para los próximos cuatro años tras la renovación de sus órganos dirección.

 

De esta manera, el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha puesto sobre la mesa la importancia que tienen estas estructuras dentro del CERMI como expresiones y mecanismos abiertos de participación y construcción colectiva en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

 

En este sentido, ha instado a estas estructuras a servir como agentes de “presión y de cambio en las instituciones públicas para que los modelos, recursos y servicios que no cumplan con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) se modifiquen y servir así, desde el movimiento, como guía para imprimir esta modificación. 

 

En relación a la agenda política de la discapacidad de CERMI Estatal, ha hecho hincapié en los derechos humanos y en la necesidad de que este sea el principal enfoque de la misma. La reforma constitucional del artículo 49; la adecuación de las normativas jurídicas a la Convención de la ONU; la tramitación del Proyecto de Ley de la reforma del derecho civil por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica o la reforma del proceso penal.

 

La eutanasia; la educación; la preparación de reformas legislativas, fruto del acompañamiento del movimiento asociativo de la discapacidad; la desinstitucionalización; el conocimiento; la toma de conciencia; la investigación; la formación; la denuncia o investigación estratégica son otras de las cuestiones fundamentales que tratará el CERMI durante estos cuatro años en materia de derechos.

 

En los referido a la activación de las personas con discapacidad ha puesto sobre la mesa la importancia de la inclusión laboral, para impedir la “devastación” que está ocurriendo como consecuencia de la pandemia y los entornos inclusivos, que presuponen la accesibilidad universal.

 

De hecho, en relación a la accesibilidad ha recordado que es “fundamental” cumplir con lo ya aprobado en esta materia y regular la accesibilidad cognitiva. En cuanto a la protección social ha incidido en el acompañamiento de las personas con discapacidad a través de los derechos sociales y en la ley de autonomía personal.

 

También ha hecho alusión a la cuestión sociosanitaria que “sigue sin resolverse”, a la soledad no deseada, transformación digital, medio rural, desarrollo rural inclusivo, despoblación y al “enorme reto” demográfico, así como la importancia de la sostenibilidad del tercer sector de la discapacidad para contribuir a un nuevo modelo. Asimismo, ha abordado los Fondos Europeos, que, a su juicio, deben estar “al servicio de la inclusión, cohesión y de los derechos sociales”.

 

 

En relación a la Fundación CERMI Mujeres, la vicepresidenta de la entidad, Ana Peláez, ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer el trabajo de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad y madres y cuidadoras de personas con discapacidad y ha repasado la agenda política de la fundación basada tanto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRDP) como en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

 

En este sentido, se ha centrado en los instrumentos fundamentales con los que cuenta la fundación como son el Consejo de participación, los contratos-programas con los Cermis autonómicos, las alianzas colaborativas con las organizaciones del CERMI y el fortalecimiento en el empoderamiento individual y colectivo de mujeres y niñas con discapacidad.

 

También ha hecho referencia al informe de derechos humanos y al estudio diagnóstco sobre la explotación y la trata en mujeres y niñas con discapacidad, así como a dos guías, la primera, sobre derechos sexuales y reproductivos, y la segunda para asistentes personales y mujeres con discapacidad maltratadas. Además, ha puesto sobre la mesa algunos de los objetivos estratégicos de la entidad como la toma de conciencia e incidencia política y las alianzas con los movimientos feministas. En este sentido, ha recordado la creación del Observatorio sobre feminismo y discapacidad, que marca esa alianza necesaria con estas asociaciones. Por último, ha anunciado la creación del barómetro sobre la igualdad efectiva.